La legisladora Maribel Almánzar de Ogando impulsa una iniciativa que permitiría entregar una identificación especial con la inscripción «NO VOTA» a personas cuya nacionalidad dominicana no pueda demostrarse. El PRM rechazó la propuesta y pidió retirarla, mientras crecen las interrogantes sobre sus implicaciones para el Registro Civil, la soberanía nacional y la seguridad jurídica.
Las Noticias Como Son, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Altagracia Almánzar de Ogando, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone crear una cédula especial de identidad para personas que han desarrollado parte de su vida en República Dominicana utilizando documentos nacionales, pero que no pueden acreditar jurídicamente la nacionalidad dominicana.
La iniciativa, identificada con el número 06435-2024-2028-CD, fue presentada el 1 de octubre de 2026 y ha generado controversia política por contemplar un mecanismo de identificación oficial para personas con irregularidades documentales, incluso cuando no sea posible determinar legalmente su nacionalidad.
El proyecto plantea que la Junta Central Electoral (JCE) pueda registrar y documentar a personas cuyos expedientes presenten inconsistencias, duplicidades, datos falsos o situaciones relacionadas con suplantaciones de identidad.
Aunque la propuesta establece que la identificación no concedería automáticamente la nacionalidad dominicana, su alcance abre un debate sobre los controles que deben existir para proteger el Registro Civil y evitar que una solución administrativa termine debilitando las garantías constitucionales sobre la nacionalidad.
Una cédula que diría «NO VOTA»
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la creación de un documento especial, renovable, que permitiría a sus titulares acreditar su identidad y realizar determinados trámites civiles, laborales, bancarios y contractuales.
Sin embargo, esta identificación tendría limitaciones expresas.
El documento llevaría de manera visible la inscripción «NO VOTA», por lo que no conferiría derechos electorales. Tampoco permitiría, por sí solo, obtener o renovar un pasaporte dominicano.
Cuando las autoridades no puedan acreditar jurídicamente la nacionalidad dominicana ni otra nacionalidad, la cédula incluiría la expresión «Nacionalidad no determinada».
La propuesta no equivaldría a una naturalización ni a un reconocimiento automático de ciudadanía. No obstante, establecería un mecanismo documental distinto al régimen ordinario, lo que plantea preguntas sobre su relación con la legislación migratoria y los procedimientos existentes de identificación.
La JCE tendría hasta 45 días laborables para evaluar los expedientes
El proyecto atribuye a la Junta Central Electoral la responsabilidad de recibir, investigar y decidir sobre las solicitudes.
La institución dispondría de 30 días laborables para resolver cada expediente, con posibilidad de ampliar excepcionalmente el plazo hasta 45 días.
Para determinar el arraigo de los solicitantes, podrían examinarse sus vínculos familiares, estudios realizados, historial laboral, propiedades y otras relaciones desarrolladas dentro del territorio nacional.
La iniciativa no establecería un tiempo mínimo de residencia para valorar ese arraigo ni exigiría expresamente una residencia migratoria previa conforme a la Ley General de Migración 285-04.
Este último punto merece particular atención desde una perspectiva de defensa de la soberanía dominicana.
El arraigo familiar, económico o laboral puede ser relevante para evaluar la situación jurídica de una persona, pero no constituye por sí mismo una prueba de nacionalidad. La distinción resulta fundamental para evitar confusiones entre identidad, residencia legal y ciudadanía.
Documentos irregulares y protección de derechos adquiridos
La legislación propuesta también busca preservar determinadas relaciones jurídicas establecidas por personas que utilizaron documentos dominicanos posteriormente cuestionados.
Entre ellas figuran matrimonios, contratos, pensiones, propiedades, afiliaciones a la seguridad social y otros compromisos civiles.
Según el contenido divulgado, la existencia de una irregularidad documental atribuible al solicitante no supondría necesariamente su exclusión automática del procedimiento.
Sin embargo, el mecanismo tampoco eliminaría las responsabilidades legales o penales que pudieran corresponder por falsificaciones, suplantaciones u otras actuaciones ilícitas.
Esta disposición constituye uno de los aspectos más delicados de la iniciativa, porque obliga a distinguir entre quienes pudieron resultar perjudicados por errores administrativos y quienes participaron conscientemente en la obtención o utilización de documentos fraudulentos.
La protección de personas afectadas por fallas del sistema no debería convertirse en un mecanismo de impunidad frente a delitos documentales.
El PRM rechaza la propuesta de su propia diputada
La controversia escaló cuando la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno expresó su rechazo a la iniciativa y pidió a la legisladora desistir de su aprobación.
El vicepresidente ejecutivo del partido, Deligne Ascención, manifestó que la organización no respalda el proyecto y defendió la necesidad de fortalecer los procedimientos que ya desarrolla la Junta Central Electoral.
Por su parte, Eddy Olivares, vicepresidente del PRM, explicó que la propuesta no había sido consultada previamente con los organismos de dirección partidaria ni con el bloque de diputados oficialistas.
La posición pública del partido gobernante evidencia una diferencia política importante sobre el tratamiento que deben recibir las personas con documentación irregular.
La diputada, sin embargo, aseguró el viernes 6 de noviembre que no retirará la iniciativa. Durante una entrevista con el programa Despierta con CDN, defendió su propuesta y sostuvo que busca resolver situaciones de personas que anteriormente poseían documentos dominicanos y ahora enfrentan problemas para renovarlos.
Almánzar también afirmó que cuenta con el respaldo de 64 diputados, una cifra declarada por la propia legisladora cuya correspondencia con el expediente oficial no ha podido establecerse de manera independiente.
Por el momento, la propuesta no ha sido aprobada como ley ni constituye un procedimiento vigente para solicitar esa cédula especial.
Contexto: nacionalidad, soberanía y seguridad jurídica en República Dominicana
La discusión surge en un país donde la nacionalidad, la inmigración y la integridad del Registro Civil representan asuntos de especial sensibilidad histórica, jurídica y política.
La Constitución dominicana establece las condiciones para adquirir la nacionalidad, mientras que la legislación migratoria regula la entrada, permanencia y situación de los extranjeros en territorio nacional.
Por tanto, cualquier mecanismo extraordinario de identificación debe respetar esas disposiciones y evitar interpretaciones que puedan desdibujar las diferencias entre ciudadanía, residencia e identidad documental.
Desde una perspectiva conservadora, la soberanía nacional no se limita a la protección física de las fronteras. También exige preservar la credibilidad de las instituciones que determinan quién posee legalmente la nacionalidad dominicana.
Esto no significa desconocer las dificultades de familias que han construido relaciones civiles y económicas legítimas utilizando documentos posteriormente cuestionados.
Significa que las soluciones deben ofrecer seguridad jurídica sin comprometer la Constitución, los controles migratorios ni la capacidad del Estado para investigar posibles fraudes.
Asimismo, la dignidad de cada persona y la protección de la familia, principios compatibles con la tradición cristiana, deben coexistir con el respeto a la ley y las responsabilidades individuales.
La identidad de una persona debe poder establecerse sin que ello implique concederle una nacionalidad que jurídicamente no le corresponde.
Análisis editorial: una solución documental que exige límites claros
La iniciativa de Almánzar plantea un problema legítimo: existen personas que han utilizado documentos dominicanos durante años y posteriormente enfrentan dificultades legales para renovarlos.
Pero reconocer la existencia de un problema no significa que cualquier solución legislativa resulte conveniente.
La República Dominicana tiene el derecho soberano de determinar las condiciones de su nacionalidad y de establecer mecanismos rigurosos para prevenir el fraude documental.
Por eso, una reforma de esta naturaleza debería definir con absoluta precisión los mecanismos de investigación, los criterios de elegibilidad, los controles contra la suplantación de identidad y la relación entre la nueva identificación y el régimen migratorio vigente.
También debería garantizar que las personas perjudicadas por errores administrativos reciban una respuesta justa, sin equiparar sus circunstancias con las de quienes hayan cometido delitos.
La oposición expresada por la dirección del PRM pone de manifiesto que las preocupaciones sobre esta propuesta no se limitan a los sectores opositores al Gobierno.
El Estado dominicano puede proteger la dignidad humana y preservar los derechos civiles adquiridos de buena fe sin renunciar a su autoridad para establecer quién es dominicano conforme a la Constitución.
La prioridad debe ser fortalecer el Registro Civil, preservar la seguridad jurídica y asegurar que ninguna solución administrativa termine sustituyendo los requisitos constitucionales de la nacionalidad dominicana.
Apatridia en rd
Ella dice que su papá y su mamá son haitianos, pero que ella es apátrida. Y hay ñames que se creen ese cuento. Ni los mismos haitianos quieren ser haitianos; ella quiere ser dominicana a la fuerza. Vayan para su país, que es Haití. ¿Qué opinas? https://t.co/jhWWyyZpqj
— Jaime Rincón (@JaimeRinconRD) December 11, 2025
#ElSoldelaMañana | @MartinezPozo cuestiona la propuesta de la legisladora del PRM, Maribel Almanzar, de crear una cédula de nacionalidad indeterminada y advierte sobre las posibles consecuencias legales e internacionales para RD. 📲 Más en YouTube #zolfm @rccnoticiasrd https://t.co/vipXlhNGOm
— ZOL 106.5 FM (@ZOLFM1065) November 5, 2026
Fuentes consultadas
1. Diario Libre — 5 de noviembre de 2026. Proyecto de ley propone crear cédula especial para personas sin nacionalidad dominicana acreditada.
2. CDN — 5 de noviembre de 2026. Proponen ley para regularizar identidad y facilitar cédula especial.
https://cdn.com.do/nacionales/ley-regularizar-identidad-cedula-especial
3. Acento — Proyecto legislativo 06435-2024-2028-CD. Proponen régimen especial para personas con cédulas dominicanas que no pueden renovarlas por irregularidades.
4. AlMomento — 7 de noviembre de 2026. PRM rechaza proyecto sobre regularización de documentos.
5. CDN — 6 de noviembre de 2026. Diputada del PRM afirma que no retirará proyecto sobre documentos de identidad.
https://cdn.com.do/nacionales/despierta-con-cdn/diputada-del-prm-afirma-que-no-retirara-proyecto
6. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024.
https://www.consultoria.gov.do/consultas?tab=constituciones
Verificación editorial: información contrastada con seis referencias periodísticas y jurídicas. Las disposiciones descritas corresponden a una propuesta legislativa, no a una ley vigente. Las consideraciones sobre soberanía y política migratoria están identificadas como análisis editorial.
