La reciente postura del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, contra el consumo de refrescos ha generado críticas y cuestionamientos en distintos sectores, que consideran que el funcionario ha optado por impulsar una campaña negativa en lugar de promover una estrategia equilibrada de educación alimentaria.
Durante sus declaraciones públicas, Atallah arremetió contra las bebidas gaseosas, señalándolas como uno de los principales factores asociados a problemas de salud como la obesidad y la diabetes. Sin embargo, su discurso ha sido interpretado por algunos sectores como una ofensiva directa contra una industria que genera miles de empleos y aporta importantes ingresos fiscales al país.
Diversas voces entienden que, aunque la promoción de hábitos saludables es una responsabilidad del Estado, la estrategia no debería centrarse en demonizar productos específicos, sino en fomentar políticas integrales que incluyan educación nutricional, promoción de actividad física y prevención desde las escuelas y las comunidades.
Analistas también han advertido que resulta contradictorio que desde el propio Ministerio de Salud Pública se mantenga la regulación y autorización de estos productos en el mercado, mientras se promueve un discurso público que los presenta como el principal problema de salud.
Asimismo, representantes del sector comercial han señalado que campañas de este tipo podrían afectar la percepción de una industria formal que opera bajo regulaciones sanitarias, cumple con normas de etiquetado y contribuye de manera significativa al aparato productivo nacional.
Para muchos observadores, el debate sobre la salud pública debe abordarse con políticas más amplias y responsables, centradas en la educación, la prevención y la corresponsabilidad social, evitando enfoques que puedan interpretarse como ataques directos a sectores productivos que forman parte de la economía dominicana.
