Bajada: El presidente Luis Abinader aseguró que su Gobierno vigilará el uso de los recursos públicos para impedir que sean destinados a favorecer candidaturas presidenciales, congresuales o municipales. El mandatario prometió hacer cumplir las leyes electorales y advirtió que los funcionarios involucrados en prácticas ilegales deberán responder ante la justicia.
Abinader promete impedir el financiamiento ilegal de campañas políticas
Las Noticias Como Son, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– El presidente Luis Abinader advirtió este lunes 16 de noviembre de 2026 que su Gobierno trabajará para impedir la utilización de fondos y recursos del Estado en el financiamiento de campañas electorales de cara a los comicios de 2028, asegurando que las disposiciones legales deberán cumplirse sin importar el nivel de las candidaturas ni la posición de los funcionarios involucrados.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante LA Agenda Semanal, celebrada en el Palacio Nacional, en una jornada dedicada a la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
El mandatario respondió a cuestionamientos sobre los riesgos de que funcionarios gubernamentales y sectores vinculados al poder político utilicen recursos estatales para respaldar proyectos electorales durante la etapa previa a los comicios.
Abinader insistió en que el mecanismo fundamental para enfrentar estas prácticas consiste en garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
«Es tan simple como cumplir la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la ley y asegurar que la ley se cumpla», manifestó el presidente.
La advertencia se produce cuando las principales organizaciones políticas dominicanas comienzan a intensificar sus actividades de organización y posicionamiento de cara al proceso electoral de 2028.
La vigilancia alcanzará las candidaturas presidenciales, congresuales y municipales
El jefe de Estado explicó que las medidas de supervisión no estarán limitadas a los aspirantes presidenciales, sino que abarcarán también las candidaturas al Congreso Nacional y los gobiernos municipales.
Según Abinader, durante el período restante de su administración prestará especial atención a impedir que los bienes, empleados, equipos y fondos públicos sean utilizados para favorecer intereses partidarios.
El mandatario señaló que esta política forma parte del legado institucional que pretende dejar al concluir su mandato constitucional en agosto de 2028.
Su declaración también representa un compromiso público frente a las prácticas de aprovechamiento político de los recursos estatales, un problema que ha provocado controversias recurrentes en los procesos electorales dominicanos.
La utilización de vehículos oficiales, personal gubernamental, presupuestos institucionales o programas públicos con fines de promoción electoral constituye una de las áreas sujetas a restricciones establecidas en la legislación dominicana.
En consecuencia, el cumplimiento de la promesa presidencial dependerá de los mecanismos de supervisión, la identificación de posibles irregularidades y la aplicación de las sanciones correspondientes.
Abinader rechaza que la corrupción sea justificada como financiamiento político
Durante el encuentro con los medios de comunicación, Abinader también cuestionó las explicaciones utilizadas en determinados casos de corrupción para justificar la obtención irregular de recursos económicos destinados supuestamente a actividades partidarias.
El mandatario calificó ese argumento como un «cliché» y advirtió que la financiación política no constituye una justificación para obtener o entregar dinero mediante procedimientos ilegales.
Asimismo, recordó que las organizaciones políticas cuentan con mecanismos establecidos para recaudar fondos de manera legítima y que están obligadas a rendir cuentas ante la Junta Central Electoral (JCE).
El presidente explicó que los partidos disponen de estructuras financieras encargadas de administrar los ingresos destinados a sus actividades y presentar los informes correspondientes.
«Aquí todos los partidos tienen sus equipos de finanzas y tienen su forma legal, que tiene que entregar un informe a la Junta Central Electoral. Todo el que se salga de ahí está ilegalmente», sostuvo.
La advertencia coloca nuevamente en discusión la responsabilidad de los dirigentes políticos y funcionarios públicos frente al manejo de fondos destinados a las actividades electorales.
Abinader también señaló que no debe existir impunidad para quienes participen en actos de corrupción, independientemente de sus cargos o relaciones personales.
Las leyes 33-18 y 20-23 establecen prohibiciones sobre el uso de recursos públicos
La legislación dominicana contempla disposiciones específicas para impedir que las instituciones estatales sean utilizadas como instrumentos de financiamiento electoral.
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos prohíbe emplear recursos de los poderes e instituciones del Estado, incluidos los ayuntamientos, para financiar o respaldar actividades de beneficio electoral particular en los períodos contemplados por la normativa.
Por su parte, la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece restricciones sobre la utilización de instalaciones, vehículos, personal y otros medios institucionales para promover aspiraciones políticas.
Estas normas buscan establecer condiciones de competencia entre las organizaciones partidarias y evitar que quienes controlan la administración pública obtengan ventajas indebidas mediante los recursos que pertenecen a todos los contribuyentes.
Sin embargo, es importante distinguir entre el uso irregular de fondos estatales para favorecer una candidatura y el financiamiento público legalmente asignado a los partidos políticos mediante los mecanismos establecidos por la JCE.
El primero está prohibido bajo las condiciones previstas por la legislación. El segundo forma parte del sistema legal de financiamiento partidario y está sujeto a controles y obligaciones de rendición de cuentas.
La transparencia electoral enfrenta el desafío de pasar de las promesas a los resultados
La advertencia presidencial se produce en un escenario en el que la fiscalización del financiamiento político continúa siendo un desafío para las instituciones dominicanas.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado en 2026, identificó una diferencia considerable entre la existencia de normas sobre financiamiento electoral y su aplicación práctica.
De acuerdo con el organismo internacional, República Dominicana cumple con el 90 % de los criterios evaluados sobre regulación del financiamiento político, pero solamente con el 14 % de los criterios relacionados con su implementación efectiva.
El informe también señala debilidades en los mecanismos de supervisión y en la calidad de la información financiera presentada por las organizaciones políticas.
Estos resultados muestran que disponer de leyes electorales no garantiza, por sí solo, que los recursos públicos estén protegidos de posibles usos partidarios.
La aplicación de las normas requiere supervisión institucional, investigaciones cuando existan indicios de irregularidades y sanciones conforme a los procedimientos legales.
Desde una perspectiva de responsabilidad fiscal, la protección del dinero público constituye un principio fundamental de una administración comprometida con el respeto a los contribuyentes.
Los recursos destinados a hospitales, escuelas, seguridad ciudadana, infraestructura y otros servicios públicos deben utilizarse para los fines autorizados por la ley y no para financiar aspiraciones personales o partidarias.
Este principio debe aplicarse a todos los funcionarios y organizaciones políticas, independientemente de su posición dentro del Gobierno o de la oposición.
Abinader defiende el manejo de las finanzas públicas durante las elecciones de 2024
En sus declaraciones, el mandatario también defendió el comportamiento de las finanzas gubernamentales durante el proceso electoral de 2024, cuando obtuvo la reelección presidencial.
Abinader aseguró que el déficit fiscal registrado en aquel período fue uno de los más bajos observados durante una contienda electoral.
Durante el intercambio, el director general de Presupuesto, José Rijo, sostuvo que las cuentas fiscales llegaron a registrar un superávit durante la etapa de campaña.
Estas afirmaciones fueron presentadas por las autoridades como parte de la defensa de su gestión financiera, aunque el resultado fiscal agregado no permite determinar por sí solo si existieron o no irregularidades particulares en el uso de recursos institucionales.
La discusión sobre el financiamiento electoral adquiere especial importancia ante el inicio del ciclo político previo a 2028.
Contexto: las elecciones de 2028 pondrán a prueba los mecanismos de control del Estado
Las próximas elecciones dominicanas estarán marcadas por una nueva competencia entre las principales organizaciones políticas del país, incluyendo el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras agrupaciones reconocidas.
Con la proximidad del período preelectoral, las autoridades deberán supervisar el cumplimiento de las reglas relacionadas con propaganda, financiamiento, utilización de bienes públicos y participación de funcionarios en actividades partidarias.
Una semana antes de sus declaraciones, Abinader había instruido a los miembros de su Gobierno a evitar la utilización de recursos estatales para promover proyectos políticos.
En aquella ocasión, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que se aplicarían sanciones ante eventuales incumplimientos.
El nuevo pronunciamiento presidencial refuerza públicamente esa instrucción.
No obstante, el cumplimiento de este compromiso deberá verificarse mediante actuaciones concretas de los organismos competentes y no únicamente a través de declaraciones oficiales.
La responsabilidad de proteger los fondos públicos corresponde a las autoridades encargadas de administrarlos, supervisarlos y fiscalizar su utilización.
De cara a 2028, la aplicación efectiva de las leyes 33-18 y 20-23 permitirá evaluar hasta qué punto las instituciones dominicanas pueden garantizar que el dinero de los contribuyentes no se desvíe hacia actividades electorales prohibidas.
El compromiso anunciado por Luis Abinader establece una posición oficial sobre el tema. Su cumplimiento dependerá de las medidas que adopte el Gobierno y de la actuación de las instituciones responsables del control y la persecución de posibles infracciones.
Fuentes consultadas
1. Diario Libre — 16 de noviembre de 2026. Abinader promete impedir el uso de fondos públicos en campaña política.
2. Noticias SIN — 16 de noviembre de 2026. Abinader promete impedir uso de recursos públicos en campañas electorales.
3. N Telemicro — 16 de noviembre de 2026. Abinader advierte que no permitirá uso de recursos públicos en campañas electorales.
4. El Seis — 17 de noviembre de 2026. Abinader promete impedir el uso de fondos públicos en las campañas de 2028.
5. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) — 2026. Estudio sobre integridad en la República Dominicana: transparencia y financiamiento de partidos y campañas.
6. Junta Central Electoral (JCE). Información institucional sobre financiamiento y regulación de campañas electorales.


