El empresario cuestionó el tratamiento dado en CDN a la posibilidad de utilizar los Super Chats para movilizar dinero ilícito y defendió la trazabilidad del sistema de pagos de YouTube. Las reglas oficiales de la plataforma respaldan parte de los cálculos presentados por su defensa. En paralelo, resurgen antiguos señalamientos contra Julissa Céspedes y su esposo vinculados al escándalo de SeNaSa, aunque hasta el momento las fuentes judiciales consultadas no los colocan entre los imputados formalmente identificados en el proceso.
Las Noticias Como Son, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– El empresario y comunicador Santiago Matías, “Alofoke”, elevó el tono de su enfrentamiento público con la periodista Julissa Céspedes luego de que en un espacio conducido por ella en CDN se abordara la posibilidad de que herramientas digitales como los Super Chats de YouTube puedan utilizarse para movilizar fondos de origen ilícito.
Matías reaccionó públicamente a los planteamientos atribuidos al especialista Emerson Díaz Cabral, quien participó en el programa de Céspedes para explicar riesgos relacionados con plataformas digitales, lavado de activos y financiamiento ilícito. Medios dominicanos reseñaron que Díaz Cabral sostuvo que los Super Chats podrían ser utilizados dentro de determinadas estructuras para movilizar dinero ilegal.
La reacción de Matías fue especialmente dura contra Céspedes. En una publicación difundida en sus redes sociales afirmó que la periodista “no puede hablar de Senasa, ella sabe por qué” y acusó al programa de abordar un tema que, a su juicio, no había sido explicado correctamente desde el punto de vista técnico.
El fundador de Alofoke Media Group también informó que su abogado, Manuel Bordas, preparó una explicación sobre el funcionamiento de los Super Chats y las dificultades prácticas que supondría utilizar el mecanismo para lavar grandes cantidades de dinero.
Las cifras de YouTube respaldan parte del argumento de Matías
Uno de los principales argumentos presentados por Matías consiste en realizar un ejercicio hipotético utilizando US$2 millones.
Según las reglas generales publicadas oficialmente por YouTube, dependiendo del país o territorio, una persona puede gastar generalmente hasta US$500 diarios o US$2,000 semanales en Super Chats y otras herramientas de financiación de fans.
Esto significa que, para movilizar US$2 millones alcanzando el límite diario de US$500, serían necesarias aproximadamente 4,000 compras o cuentas operando al máximo permitido. Utilizando como referencia el límite semanal de US$2,000, el cálculo equivaldría a unas 1,000 cuentas.
YouTube confirma además que el nombre del canal del comprador, su fotografía de perfil y el monto de determinados Super Chats pueden ser visibles públicamente, además de quedar información registrada dentro de los sistemas de la plataforma.
Otro dato presentado por la defensa de Matías también coincide con la documentación de Google: los creadores reciben 70% de los ingresos netos reconocidos por Google procedentes de Supers, después de determinadas deducciones aplicables, como impuestos locales y cargos de la App Store en iOS.
Por tanto, US$2 millones enviados por los usuarios no significarían automáticamente US$2 millones recibidos por el creador.
Trazabilidad no significa imposibilidad de lavado
Sin embargo, hay una diferencia importante entre afirmar que un mecanismo sería poco práctico o altamente rastreable para lavar millones de dólares y afirmar que sería imposible utilizarlo dentro de una operación ilícita.
La legislación dominicana define el lavado de activos como el proceso mediante el cual se intenta dar apariencia legítima a bienes o activos provenientes de actividades ilícitas. La Ley 155-17 también contempla las operaciones sospechosas y establece mecanismos de prevención, supervisión e investigación dentro del sistema financiero.
En otras palabras, la existencia de bancos, tarjetas, plataformas digitales o registros electrónicos no elimina automáticamente la posibilidad de un delito. Pero tampoco permite concluir que existe lavado solamente porque alguien recibe grandes cantidades de Super Chats.
Para sostener una acusación concreta sería necesario demostrar, entre otras cosas, el origen ilícito del dinero, quién realizó los pagos, qué coordinación existió entre las partes y qué propósito tenía la operación.
Ese es precisamente el punto central que Matías intenta colocar sobre la mesa: una posibilidad técnica no constituye por sí sola evidencia de que Alofoke Media Group, o cualquier creador determinado, haya cometido lavado de activos.
Hasta el momento, las fuentes revisadas para esta publicación no aportan evidencia de una acusación formal de lavado de activos contra Santiago Matías basada en los Super Chats recibidos por sus proyectos.
Matías pidió reunirse con Manuel Estrella
La controversia llevó al empresario a solicitar públicamente una reunión con Manuel Estrella, presidente de Multimedios del Caribe, grupo al que pertenece CDN.
Matías sostuvo que las afirmaciones realizadas en el espacio podían producir consecuencias reputacionales para su empresa debido a que Alofoke Media Group utiliza ampliamente la monetización de YouTube.
En su comunicación aseguró estar dispuesto a explicar directamente el modelo financiero de la empresa, el funcionamiento de los Super Chats y los mecanismos utilizados para recibir esos ingresos, además de solicitar un espacio de aclaración técnica.
¿Qué tiene que ver Julissa Céspedes con SeNaSa?
La referencia realizada por Matías a que Céspedes supuestamente “no puede hablar de Senasa” revive otra controversia que circula desde 2025.
Una publicación de El Sol de la Florida, fechada el 5 de octubre de 2025, reprodujo acusaciones realizadas originalmente por un programa denominado Manola TV, donde se señalaba a Céspedes y a su esposo, el empresario Fernando Villanueva Sued, como supuestamente vinculados al entramado denunciado en SeNaSa.
Es fundamental establecer una diferencia: esa publicación recoge acusaciones de terceros; no constituye una acusación del Ministerio Público ni una sentencia judicial.
El artículo tampoco presenta una resolución judicial que determine responsabilidad penal de Céspedes o Villanueva Sued.
Céspedes respondió públicamente a esos señalamientos y denunció lo que calificó como una campaña de difamación surgida luego de sus investigaciones sobre SeNaSa. La periodista negó estar vinculada al esquema y aseguró que su esposo “no tiene nada que ver” y nunca habría estado relacionado con una empresa del sector salud.
El expediente de SeNaSa continúa abierto
El verdadero expediente penal de SeNaSa continúa actualmente en los tribunales.
El 4 de septiembre de 2026, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió al Ministerio Público cuatro meses adicionales para completar la investigación y presentar la acusación formal en el denominado caso SeNaSa u Operación Cobra.
Entre las personas que aparecen identificadas en la cobertura judicial reciente figuran el exdirector de SeNaSa Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros investigados por el Ministerio Público.
Julissa Céspedes y Fernando Villanueva Sued no aparecen en esa relación de imputados publicada en las fuentes judiciales consultadas para esta nota.
El Ministerio Público sostiene que la investigación continúa abierta y que podrían surgir nuevas personas físicas o jurídicas involucradas. Por tanto, cualquier eventual señalamiento futuro tendrá que evaluarse cuando exista documentación oficial que lo respalde.
Céspedes fue precisamente una de las periodistas que investigó SeNaSa
Otro elemento que debe formar parte del contexto es que Julissa Céspedes realizó investigaciones periodísticas sobre irregularidades dentro de SeNaSa.
Sus reportajes documentaron denuncias relacionadas con miles de procedimientos médicos que supuestamente fueron autorizados sin haberse realizado y con la existencia de un denominado “call center paralelo”. Otros medios dominicanos posteriormente reseñaron esos hallazgos.
Por eso, atribuirle responsabilidad en la misma trama que investigó requiere pruebas independientes mucho más sólidas que publicaciones o acusaciones difundidas en redes sociales.
Una discusión que debe resolverse con pruebas, no con bandos
Desde una visión conservadora, esta controversia deja una lección que debería aplicarse por igual a empresarios, periodistas, políticos y funcionarios públicos: la reputación de una persona no debe destruirse mediante insinuaciones sin evidencia, pero el poder económico o mediático tampoco debe inmunizar a nadie frente al escrutinio.
La tradición conservadora que defiende el Estado de derecho exige precisamente eso: instituciones fuertes, responsabilidad individual, protección de la propiedad, respeto a la reputación, debido proceso y castigo firme cuando existen pruebas de corrupción.
Una ética inspirada en principios cristianos obliga además a mantener el mismo estándar para amigos y adversarios: decir la verdad, exigir cuentas y evitar convertir sospechas en condenas anticipadas.
En el caso de los Super Chats, los datos técnicos muestran que son operaciones con importantes niveles de trazabilidad y que el creador no recibe íntegramente lo pagado por los usuarios. Pero su posible utilización dentro de una estructura ilícita no puede descartarse como cuestión teórica.
Lo que sí debe rechazarse es el salto entre una hipótesis y una acusación concreta sin seguir primero la ruta del dinero.
Y exactamente el mismo principio debe aplicarse a SeNaSa: quien haya robado recursos destinados a la salud de millones de dominicanos debe enfrentar todo el peso de la ley, sin importar apellido, fortuna, relaciones políticas o influencia mediática.
Pero señalar culpables exige pruebas.
Fuentes consultadas
YouTube Help — Límites de compra de Super Chats y Super Stickers.
Consultar documentación oficial de YouTube
YouTube Help — Reparto de ingresos de Super Chat y Super Stickers.
Consultar información oficial sobre ingresos
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana — Ley 155-17 contra el lavado de activos.
Consultar Ley 155-17
Diario Libre — Tribunal concede cuatro meses adicionales al Ministerio Público en el caso SeNaSa, 4 de septiembre de 2026.
El Caribe — Julissa Céspedes denuncia campaña de difamación y niega vínculos de ella o su esposo con el fraude de SeNaSa.
El Sol de la Florida — Publicación que reproduce señalamientos de terceros contra Julissa Céspedes y Fernando Villanueva Sued.
De Último Minuto — Santiago Matías solicita reunión con Manuel Estrella por controversia sobre Super Chats.
Remolacha — Reseña del segmento de Julissa Céspedes sobre Super Chats, plataformas digitales y riesgos de lavado de activos.
