El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de exigir dinero a un pasajero extranjero en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en un presunto caso de soborno.
El imputado, Albert Isaac Pérez Ferreras, fue arrestado en flagrante delito el pasado 17 de mayo, tras ser señalado por solicitar el pago de 200 dólares a un ciudadano español y a su acompañante, bajo el alegato de que ambos debían cubrir una supuesta penalidad por exceder el tiempo permitido de permanencia en el país.
Según la acusación, el inspector indicó que los pasajeros permanecerían tres meses en territorio dominicano, superando el plazo autorizado, por lo que debían realizar el pago correspondiente. Sin embargo, las víctimas afirmaron que habían ingresado previamente al país sin inconvenientes ni cobros similares.
El expediente del Ministerio Público establece que, tras la solicitud, el ciudadano español explicó que solo contaba con 70 dólares, suma que posteriormente habría sido aceptada por el imputado, quien le indicó que debía colocar el dinero dentro del pasaporte.
El hecho quedó registrado en las cámaras del sistema de circuito cerrado del aeropuerto (CCTV), donde se observa la interacción entre el inspector y los pasajeros, así como la entrega del dinero.
La solicitud de coerción fue presentada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
El Ministerio Público explicó que el caso fue remitido por la Dirección General de Migración, institución a la que el imputado ingresó en 2022, y recordó que, como inspector, tenía la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas migratorias bajo principios de legalidad, transparencia y ética en la función pública.
Las autoridades señalaron que la acusación está sustentada en pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales y materiales, entre ellas los videos entregados por Migración en formato digital.
El Ministerio Público informó además que las investigaciones del caso continúan en desarrollo.
