En marzo de 2016 instituciones castrenses dominicanas fueron sacudidas por un fuerte escándalo de corrupción: el caso de los Super Tucano.
A mediados de ese mes un consultor de la empresa brasileña fabricante de aviones Embraer S.A., Elio Moti Sonnenfeld, admitió a fiscales de esa nación que pagó alrededor de 3.5 millones de dólares en sobornos para amañar una licitación de una orden de compra de ocho aviones Super Tucano, valorada en casi 94 millones de dólares, de acuerdo a un reportaje publicado por el medio estadounidense The Wall Street Journal.
Según la investigación de este periódico, Sonnenfeld admitió haber recibido una comisión millonaria para un trabajo que nunca se realizó, porque el dinero fue entregado a un funcionario dominicano no identificado, a fin de garantizar la adjudicación del mencionado contrato.
Acto seguido el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) iniciar la investigación a esta compra.
Sin embargo, es en septiembre de 2017 cuando finalmente el Ministerio Público, bajo el mando de Jean Alain Rodríguez, presenta su acusación formal de seis personas y tres compañías, por supuestamente haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Inicialmente, los imputados fueron el exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
Pero a pesar de estas alegaciones, solo a cuatro del grupo le fue aplicada medida de coerción, mientras solo uno, Piccini Núñez, guardó prisión preventiva por el caso, a ser cumplida en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.
A Peña Antonio, se le impidió la salida del país y se le impuso presentación periódica, y a los empresarios Aquino Méndez y Aquino Hernández le pusieron brazaletes electrónicos y no podían salir del territorio del Gran Santo Domingo.
No obstante, casi tres años después el tribunal encargado del caso varió la medida de coerción de Piccini Núñez, dejándolo en libertad y disponiendo el pago de RD$1 millón bajo la modalidad de fianza y presentación periódica por ante la Pepca.
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Años después de la aprobación del préstamo Canaán Rojas, uno de los legisladores que votó a favor y defendió esa pieza legislativa, fue investigado bajo la presunción que fue él quien manejó el dinero del soborno a través de una empresa registrada a su nombre, según registros periodísticos del LISTÍN DIARIO.
De manera similar, la Pepca interrogó a Samuel Pereyra Rojas, actualmente administrador general del Banco de Reservas (Banreservas), quien era propietario de la empresa Saperofa, que supuestamente fue el puente para entregarle al senador más de 800 mil dólares.
Sin embargo, estas alegaciones fueron negadas y ninguno de los dos fue incluido en el expediente acusatorio del Ministerio Público.
Dedíquense este Resumen de 3:30 minutos
— Carlos Rubio (@CRubioMartinezU) May 24, 2026
En un programa, de Lechuga (PRM), creado para hacerme daño, el mismo que mandaron a decir de todo de mi, confirma todo lo vertido, y planteado por mi. Los mismos que me juzgan, dicen lo mismo, incluso de la familia de @luisabinader y el… pic.twitter.com/0nzh1yA6kO
