La llamada Ley de Protección de Entregas plantea que empresas como Amazon deban obtener licencias municipales y contratar directamente a sus repartidores.
Una audiencia en el Ayuntamiento de Nueva York se realizó el jueves en medio de enfrentamientos y abucheos entre repartidores vinculados a Amazon y miembros del sindicato Teamsters por el debate sobre un proyecto de ley que podría transformar el modelo de entregas en la ciudad. Según críticos, la norma podría provocar la pérdida de miles de empleos.
La llamada Ley de Protección de Entregas, impulsada por la concejala demócrata Tiffany Cabán, plantea que empresas como Amazon, FedEx, DHL y FreshDirect deban obtener licencias municipales y contratar directamente a sus repartidores, en lugar de operar mediante subcontratistas, publicó The New York Post.
La propuesta reunió a cientos de personas en una audiencia donde empresarios, trabajadores y representantes sindicales expusieron posiciones enfrentadas. Desde el sector empresarial, el principal temor es que la medida obligue a cerrar decenas de pequeñas compañías que gestionan la llamada “última milla”.
Randy Peers, director de la Cámara de Comercio de Brooklyn, afirmó que el eje del proyecto no es la regulación, sino la contratación directa, indicó el diario neoyorquino.
“La realidad es que la gente perderá sus empleos”, advirtió.
Asimismo, Andrew Setlight, propietario de la firma de reparto LBA Logistics, sostuvo que la iniciativa perjudicaría precisamente a los trabajadores que busca proteger.
Podría elevar los costes de entrega en Nueva York
Varios subcontratistas rechazaron además las denuncias sobre condiciones inseguras de trabajo, como el uso de vehículos en mal estado o la imposición de cuotas que fomentan el exceso de velocidad.
Un borrador de estudio de la consultora AKRF, citado por el medio, estima que la medida podría elevar en unos $664 dólares al año los costes de entrega para los consumidores en Nueva York.
Según los testimonios presentados, Amazon representa cerca de un tercio del negocio de entregas de última milla en la ciudad. La empresa, que no intervino directamente en la audiencia, alertó por escrito que la ley pondría en riesgo a más de 40 pequeñas compañías asociadas y a los más de 5,000 trabajadores que emplean.
También advirtió que, de aprobarse la normativa, podría trasladar parte de sus operaciones fuera de la ciudad. “Lo que está en juego no es solo un modelo de negocio, sino el futuro de miles de neoyorquinos trabajadores, muchos de ellos inmigrantes”, dijo el subcontratista Grigor Puleri durante la audiencia.
Del otro lado, el sindicato Teamsters defendió la iniciativa. Su dirigente Thomas Gesualdi aseguró que existe respaldo popular para cambiar el sistema actual, al que calificó de “peligroso” y basado en la “avaricia corporativa”.
Cabán argumentó que la legislación vigente se ha quedado atrás frente al auge del comercio electrónico. “Nuestras vidas y nuestras calles han cambiado radicalmente, pero las regulaciones no”, afirmó.
Según sus estimaciones, este año se entregarán más de 1,000 millones de paquetes en la ciudad.
Funcionarios municipales señalaron que, de aprobarse la ley, la ciudad necesitaría al menos nueve meses para diseñar el marco regulatorio. “Queremos evitar consecuencias no deseadas”, dijo Carlos Ortiz, del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, citado por el Post.
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