En fecha 14/04/2020 El asesinato de Yeri Pascual Cordero Sosa, hijo del narcotraficante Jesús Pascual Cordero Martínez «El Chino», atribuida a Manuel Emilio Mesa Beltré “El Gringo”, se debió a viejas rencillas entre estos dos por varias muertes de personas allegadas y asuntos de narcotráfico.
Así lo estableció la Fiscalía del Distrito Nacional, en la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados Alberto Familia (Gugú) y Pablo José Santos Polanco (Pequeño y/o El Menor y/o El Cojo”, acusados de las muertes de Cordero Sosa y Jassel Kadafi Estepan Lebrón. Gugú desde el 29 de marzo tiene prisión preventiva en Monte Plata por otros crímenes.
Cordero Sosa fue asesinado junto a su acompañante Esteban Lebrón «Real Mustafá» el pasado 9 de marzo cuando estos se desplazaban en una yipeta a la 4:00 de la madrugada en la avenida 27 de Febrero casi esquina Dr. Defilló.
Los asesinados habían acabado de salir de una discoteca donde el hijo de El Chino, celebraba su fiesta de cumpleaños.
En la instancia depositada en contra de los imputados, el ministerio Público alegó que El Gringo por varias muertes de personas allegadas a estas personas hasta el momento no esclarecidas y asuntos de narcotráfico.
Además en la instancia se resaltó que Gugu habrían cobrado un millón de pesos junto con el prófugo Gerald Utate Rodríguez para ejecutar el crimen.
Sostiene el Ministerio Público que Gugú era el segundo al mando del plan de sicariato y habría cobrado 400 mil pesos, mientras que Gerald Utate Rodríguez, quien fungía como el jefe de la operación habría cobrado la misma suma y el resto del dinero, Utate lo habría utilizado para subcontratar a los demás miembros de la red criminal que cometieron el crimen.
Aduce que el millón de pesos fue recibido por parte del recluso El Gringo, a través de familiares como pago para la comisión del hecho”, sostiene además que tiene en su poder RD$400,000, que uno de los parientes entregó de manera voluntaria a la Policía Nacional.
El Ministerio Público solicitó que a estos imputados se les imponga la prisión preventiva por la gravedad de los hechos, además están acusándolos por violación a la ley de armas, lo que, avanzado el proceso, podría suponer penas de hasta 40 años.
